En el pasado proceso electoral el partido oficial arrasó en la mayoría de los municipios que conforman la región de Tierra Caliente, la zona geográfica donde se unen los estados de Michoacán, Guerrero y Estado de México. El predominio de Morena en diputaciones locales, federales, presidencias municipales, y gubernatura viene de los últimos procesos electorales, conformándose en la fuerza política hegemónica en las tres entidades donde sus liderazgos no pierden oportunidad de autonombrarse portadores de principios de “izquierda”.
Esa “izquierda” antes con las siglas del PRD, y ahora como Morena, ha gobernado por más de dos décadas en el municipio guerrerense de Tlalchapa, donde Martín Mora Aguirre, cacique de la región, su esposa Guadalupe Eguiluz Bautista, sus hijas y parientes se han repartido cargos públicos y se han rotado en la presidencia municipal. La estampa podría pasar como pintoresca, pero adquiere otro matiz cuando se analiza el vínculo, que ha sido de dominio público en Guerrero, de este clan con el grupo criminal que comandan los hermanos Johnny y Alfredo Hurtado Olascoaga, nativos de Arcelia, líderes de La Familia Michoacana (LFM).
Si algo caracteriza la gestión de la llamada “izquierda” en Guerrero desde octubre del 2021 cuando Evelyn Salgado Pineda fue electa gobernadora del estado, es la expansión territorial que ha tenido de la Tierra Caliente a otras regiones de la entidad LFM. Porque de tener bastión en la zona calentana ahora son la banda criminal que tiene bajo el yugo de las extorsiones, secuestros y asesinatos a pueblos de la sierra que colindan con el Río Balsas, Costa Grande, la región Centro y norte del estado.
Al modo del “capitalismo salvaje”, que el actual régimen durante seis años machacó a los gobiernos “neoliberales” que lo antecedieron, el crimen organizado ha aprovechado que su vertiente política “de izquierda” encabeza las principales administraciones municipales en las tres entidades para apoderarse de cadenas productivas de la economía regional: limón y aguacate en Michoacán; explotación forestal y minera en Estado de México; turismo y servicios en el norte de Guerrero.
La clave del “éxito” de esta alianza entre los que se asumen como “izquierda partidista” y quienes actúan con los rasgos característicos del “capitalismo criminal”, lo esbozó la Guardia Nacional en un análisis titulado “Aspectos Críticos de la Actuación de la Autoridad en el Marco del Programa Sectorial 2020-2024”, donde señala que “el involucramiento de policías con grupos del crimen organizado, la falta de coordinación entre las policías estatales y federales, la mala capacitación de prácticas policiales y elaboración deficiente de documentos oficiales en casos de detenciones, representan debilidades institucionales en las actuales dependencias policiales en la lucha contra la ola de violencia” en el país.
La detención a principios de septiembre de 10 sujetos uniformados como policías municipales de Taxco, Guerrero, de los que al menos cinco eran parte de la corporación, acusados de la desaparición forzada de cinco jóvenes. Y la captura de los directores de seguridad pública de Tlatlaya, Coatepec Harinas y Aculco, en la zona calentana mexiquense, acusados de vínculos con LFM, fue un recordatorio al gobierno federal que el crimen organizado no tiene ideología.
@velediaz424
