La reforma al Poder Judicial de la Federación, propuesta por el presidente, es uno de los mayores riesgos para el sector corporativo y podría marcar los próximos 10 años en el país, advirtió Bank of America (BofA).
Tiene como principal objetivo que todos los jueces de México sean electos por voto popular.
El Colegio de Abogados de México y las dos principales asociaciones empresariales han expresado su preocupación, afirmando que las elecciones de jueces podrían verse influenciadas por partidos, el crimen organizado y por intereses específicos del sector privado.
Entre las propuestas más perjudiciales para México, BofA señaló reformas para suprimir la prisión preventiva, lo que contrapone convenios suscritos por México a nivel internacional, así como la eliminación de órganos autónomos y el debilitamiento de los contrapesos al poder, lo que trasgrede capítulos del TMEC.
En tanto, previó potenciales afectaciones a los inversionistas del sector ferroviario en México y posibles conflictos por el cambio de clasificación de “empresas productivas” a “empresas del Estado” de Pemex y la CFE.
Así, si un grupo político dominara los poderes ejecutivo, legislativo y un poder judicial más alineado con el partido en el poder. Por esta razón, el modelo propuesto podría facilitar la captura política del poder judicial.
Durante los últimos años, el presidente e integrantes de su gobierno han señalado al poder judicial como responsable de la impunidad. Han exhibido continuamente a jueces y juezas por liberar personas, dando a entender que las liberaciones son producto de prácticas corruptas o formalistas y promoviendo la idea que el castigo debe prevalecer por encima del debido proceso.
Pero si se trata de ubicar dónde ocurre la impunidad en los delitos reportados por la población, esta ocurre principalmente en la etapa de investigación por parte de las fiscalías.
Por su parte, del pequeño porcentaje de delitos que sí llegan ante la autoridad judicial, los jueces y las juezas suelen ratificar las detenciones en flagrancia; la imposición de la prisión preventiva es la regla; y las personas sentenciadas son condenadas en la gran mayoría de los casos.
En este contexto, la reforma judicial daría lugar a la continuación y profundización de prácticas de impunidad y abusos contra la población.
Si el mensaje del gobierno es que un ‘buen juez’ es aquel que no libera a personas, lógicamente se incentiva la elección de aquellas personas candidatas percibidas como menos dispuestas a dictar liberaciones, lo cual podría debilitar aún más el control judicial sobre el actuar de las fiscalías y las fuerzas de seguridad.
El resultado sería un sistema penal con incluso más margen para omisiones en las investigaciones penales y prácticas ilegales como detenciones arbitrarias.
En resumen, las próximas reformas y decisiones políticas podrían tener un impacto profundo en la economía y estabilidad de México.
