Por: Laura Martínez
Columnista en Jefe: Ariadna Rincón
Al complejo panorama mundial hoy día lo definen sucesos que demandan ser enfrentados mediante mejores políticas públicas. Ejemplo de una severa problemática actual, es la creciente tasa de embarazo adolescente e infantil, que ha sido señalada dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como prioritaria para el 2030; ya que según la ONU cada año en los países con economías emergentes, 21 millones de niñas de 15-19 años y 2 millones de menos de 15 años se embarazan.
Esta situación deriva de una intrincada red de factores causales proximales y distales. Los primeros tienen una relación directa con el tema en cuestión y atenderlos no lleva a un cambio significativo, como sucede con los programas asistencialistas que otorgan apoyos a las adolescentes embarazadas y ofrecen una solución temporal a la falta de recursos de la madre sin ir a la raíz. Por otro lado, atender los factores distales involucra la generación de planes de acción progresivos y permanentes con un enfoque en la marginación, pobreza y la falta de oportunidades educativas y de trabajo.
En materia de política pública, hablar de destinar recursos hacia la modificación de factores distales resulta poco atractivo para la mayoría de los tomadores de decisiones, ya que estos suelen invertir en programas a corto plazo con resultados inmediatos, no importando que sean solo pasajeros y paliativos para las perpetuas problemáticas que pretenden aliviar.
México muestra uno de los escenarios mas difíciles en lo que a esto respecta, ya que ha registrado la más alta incidencia de embarazo adolescente e infantil de entre los países de la OCDE, siendo que, en 2016, 42.1% de las madres que dieron a luz tenían de 10-17 años.
Para que dentro de 12 años nuestro país cumpla con la meta trazada, se requerirá de una reducción del 50% de la actual tasa de fecundidad entre las adolescentes mexicanas de 15-19 años, por lo que se ha puesto en marcha la sólida Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente que tiene entre sus objetivos asegurar que estos concluyan: la educación obligatoria, que haya oportunidades laborales y que se presten servicios de salud.
A pesar del impecable diseño de esta estrategia, no debemos perder de vista que uno de los mayores retos de nuestro gobierno es hacer efectivo el cumplimiento de sus políticas públicas; por lo cual nos compete a los ciudadanos vigilar, exigir y sobretodo participar para asegurarnos de que esto no se convierta en una mera buena intención.