Andrés Manuel López Obrador decretó área natural protegida una superficie de más de 50 mil hectáreas en Solidaridad, Tulum y Cozumel, en Quintana Roo, lo que significa que los terrenos de Vulcan Materials ya son de México.
La estadounidense, que temía que esto podía pasar, dijo hace algunas semanas: “El gobierno mexicano continúa utilizando amenazas políticas, abusos de autoridad y falsas acusaciones para tratar de justificar la conversión de nuestra propiedad en una supuesta “Área Natural Protegida” que —irónicamente— podría ser utilizada no para el beneficio de la población y su medio ambiente, sino para fines privados de turismo comercial y operaciones de grandes cruceros, así como actividades navales. No aceptaremos esta expropiación ilegal de nuestras inversiones”.
Como le hemos informado en este espacio, la empresa estadounidense Legacy Vulcan, propietaria de Calica, que ahora se hace llamar Sac-Tun, enfrenta una disputa arbitral con el gobierno de México debido a supuestos incumplimientos ambientales en sus actividades extractivas en Quintana Roo. El conflicto ha sido presentado ante un tribunal arbitral en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), bajo la demanda de Legacy Vulcan contra los Estados Unidos Mexicanos (Caso CIADI No. ARB/19/1). Las autoridades mexicanas, encabezadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sostienen que la empresa operó sin las autorizaciones ambientales requeridas, causando daños irreversibles al medio ambiente, en particular en los predios conocidos como La Rosita y El Corchalito.
Según los documentos presentados por la defensa mexicana, Legacy Vulcan ocultó por más de tres décadas sus incumplimientos, operando sin las autorizaciones necesarias y simulando una apariencia de legalidad. Se destaca que la empresa falsamente declaró contar con permisos ambientales y de uso de suelo forestal, cuando en realidad no disponía de tales autorizaciones. La Profepa, tras realizar inspecciones en los sitios de explotación de la empresa, concluyó que Legacy Vulcan no presentó una Autorización de Impacto Ambiental ni un Estudio Técnico Justificativo vigente, ambos requisitos necesarios para llevar a cabo las actividades de extracción en zonas que, de acuerdo con la legislación mexicana, requieren protección debido a su valor ambiental.
En octubre de 2023, la Profepa emitió un Acuerdo de Emplazamiento en el que se detallan los incumplimientos de Legacy Vulcan. Entre los puntos destacados, se concluye que la empresa ha causado daños irreversibles al ecosistema, afectando tanto la biodiversidad como los cuerpos de agua subterráneos de la región. Se indica que la explotación minera provocó la deforestación de áreas sensibles y que el impacto generado por las operaciones mineras fue significativamente mayor al autorizado, violando la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Además, el acuerdo señala que la empresa simuló un cumplimiento regulatorio al obtener Certificados de Industria Limpia, los cuales no garantizan la obtención de permisos ambientales.
El gobierno mexicano argumenta que, bajo la premisa de este incumplimiento sistemático, la clausura de las operaciones de Legacy Vulcan en el predio La Rosita fue legítima y responde al riesgo ambiental que representan las actividades de la empresa.
En su defensa, Legacy Vulcan ha alegado que las medidas tomadas por México son parte de una campaña política impulsada por el presidente López Obrador. En mayo de 2022, durante una conferencia matutina, el mandatario hizo declaraciones en las que se refirió a la necesidad de verificar la legalidad de las actividades de la empresa en Quintana Roo. Sin embargo, México ha rechazado esta acusación, señalando que las medidas se adoptaron conforme a las leyes mexicanas, y que no existe evidencia de una persecución política en contra de la empresa.
Este conflicto entre Legacy Vulcan y México pone al descubierto la tensión entre la inversión extranjera y la supuesta protección ambiental en el país. Con la salida de López Obrador de Palacio, nuevos capítulos se escriben de este pleito, y muchos más se redactarán con otras empresas que ven estas tácticas rondando sus intereses.
